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El taxi de Madrid advierte a Ángel Garrido que no puede regular las VTC «sin que cambie el Estatuto de Autonomía»

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La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha advertido a la Comunidad de Madrid de que “llegará hasta las últimas consecuencias” si llevan adelante la modificación de la ley de transporte que busca la equiparación de las VTC con el sector del taxi.

“Desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid, como miembros además de la asociación nacional ANTAXI, queremos dejar muy claro a nuestro actual consejero de Transporte que nos van a tener enfrente si quieren modificar normativas autonómicas que afecten negativamente al colectivo del taxi”, afirma Julio Sanz, presidente de la FPTM.

Para ello, toman como referencia dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, vinculadas al sector, donde se reconoce que solo aquellas autonomías que hayan recogido en sus estatutos competencias en exclusiva en materia de transporte discrecional de viajeros pueden legislar abiertamente al respecto. Sin embargo, las que no estén en esta situación solo podrán legislar a partir del desarrollo de la norma estatal.

“En base a esta doctrina, solo algunas comunidades autónomas recogen este precepto, pero no es así en el caso de la Comunidad de Madrid”, puntualiza Sanz. Así, entre otros, no se podría legislar contradiciendo la normativa marcada por el ya conocido como ‘Decreto Ábalos’, que indica que a partir de octubre de 2022 los vehículos vinculados al servicio de VTC solo podrán llevar a cabo trayectos interurbanos, pero no dentro de las ciudades.

Tal y como señala el presidente de la FPTM, presidente también de ANTAXI a nivel nacional, “siguiendo la normativa estatal y tomando como referencia que la que se apruebe en la Comunidad de Madrid debe ‘beber’ de ella, parece claro que solo se podrá legislar en el ámbito de la pre-contratación y en cuanto a horarios y características de los vehículos, pero nunca se les podría habilitar para hacer servicios urbanos”.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias y plantearemos la ilegalidad de la normativa autonómica si se diera el caso”, añade Sanz, quien no duda que el ordenamiento jurídico relativo al transporte urbano en la ciudad y en la Comunidad de Madrid podría “verse en entredicho si no se actúa conforme a derecho. La Comunidad de Madrid da por sentada la normativa, pero en sentencias previas el Tribunal Supremo no ratifica decisiones similares”.

Por este motivo, señala Julio Sanz, “solicitamos responsabilidad a los legisladores que quieran favorecer intereses particulares frente al general de los usuarios”. “Después del golpe brutal que estamos sufriendo con la pandemia, tenemos que defender nuestra posición más que nunca”, concluye.

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